La fulgurante tramitación de la ley de tasas judiciales que ha propuesto el Partido Popular y ha dirigido con puño de hierro el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, está soliviantando a todos los agentes jurídicos.
En caso de que se tramite como se ha proyectado, los ciudadanos deberán desembolsar una cantidad importante de dinero simplemente por pleitear o para recurrir las sentencias. El pasado 31 de octubre, y solo refrendada con los votos populares, el Congreso aprobó la nueva ley que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, en todas las jurisdicciones excepto en la penal, con aumentos de entre 50 y 750 euros para familias con ingresos de más de 1.100 euros al mes, aquellas sin derecho a la justicia gratuita.
Ayer, abogados y procuradores de Pamplona se concentraron a las afueras del Palacio de Justicia para exponer su malestar por el proyecto legislativo, coincidiendo con el día en el que estaba previsto que la Comisión de Justicia del Senado estudiara las alegaciones presentadas. Han levantado armas por unas tasas que pueden provocar que recurrir una multa de tráfico de 300 euros cueste 1.100 euros si se acude a doble instancia.
Entre los que se manifestaron se encontraban algunos abogados y procuradores del Partido SAIn.
