La fulgurante tramitación de la ley de tasas judiciales que ha propuesto el Partido Popular y ha dirigido con puño de hierro el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, está soliviantando a todos los agentes jurídicos.
En caso de que se tramite como se ha proyectado, los ciudadanos deberán desembolsar una cantidad importante de dinero simplemente por pleitear o para recurrir las sentencias. El pasado 31 de octubre, y solo refrendada con los votos populares, el Congreso aprobó la nueva ley que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, en todas las jurisdicciones excepto en la penal, con aumentos de entre 50 y 750 euros para familias con ingresos de más de 1.100 euros al mes, aquellas sin derecho a la justicia gratuita.
Ayer, abogados y procuradores de Pamplona se concentraron a las afueras del Palacio de Justicia para exponer su malestar por el proyecto legislativo, coincidiendo con el día en el que estaba previsto que la Comisión de Justicia del Senado estudiara las alegaciones presentadas. Han levantado armas por unas tasas que pueden provocar que recurrir una multa de tráfico de 300 euros cueste 1.100 euros si se acude a doble instancia.
Entre los que se manifestaron se encontraban algunos abogados y procuradores del Partido SAIn.
Alfredo Irujo, decano del Colegio de Abogados de Pamplona, se vio apoyado en la protesta por casi un centenar de compañeros, y a la misma acudió además el decano de los procuradores, Jesús de Lama; el letrado Javier Caballero, exconsejero de Justicia del Gobierno foral; y jueces como María Alemán (Penal 1) y Fernando Poncela (Primera Instancia 6). Irujo consideró que las nuevas tasas resultan "abusivas" y así "se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Hay cierto hartazgo porque parece que los problemas de la Justicia se pretenden resolver poniendo trabas en el acceso" a la misma. Irujo reclamó "un gran pacto de Estado que afronte verdaderamente los problemas que tiene la justicia organizativos y de todo tipo", pero no "impidiendo o cercenando el derecho de los ciudadanos" a ella. Y añadió que el proyecto no sólo fija unas tasas "muy altas" sino que además lo hace "con el pretexto de que de esa manera se paga la justicia gratuita" para quienes tienen derecho a la misma cuando ésta debe financiarse mediante los impuestos de todos los ciudadanos y no con cargo a los que acceden a la justicia y que ya pagan una tasa. "Si se implantan estas tasas vamos a tener una justicia para ricos, a quienes les cuesta poco su abono, una justicia gratuita para los más desfavorecidos, y una inmensa mayoría que verá seriamente vulnerados derechos y el acceso a la jurisdicción", subrayó.
