El delegado episcopal de Cáritas Pamplona-Tudela, Angel Iriarte, se ha preguntado en una comparecencia en el Parlamento de Navarra "quién va a dar techo y quién va a dar de comer" a las personas que se podrían quedar sin renta básica con la entrada en vigor de la nueva ley que aprobará el Legislativo foral la próxima semana, el 17 de Enero.
Angel Iriarte ha deseado estar "equivocado" en sus predicciones negativas, pero ha resaltado que esta nueva ley se aprueba en un contexto en el que se destruye empleo cuando la mayoría de parados quiere trabajar. "El no tener empleo en la inmensa mayoría de los casos nada tiene que ver con la responsabilidad personal", ha incidido.
"Ustedes han sido elegidos por el pueblo para legislar, pero no estaría de más que escuchasen un poco más a los que trabajamos con los afectados y a los que estudian estos temas. Detrás de cada modificación legal debería haber una evaluación del tiempo pasado y un impacto en el futuro y sin esa visión no dar pasos", ha apuntado.
El delegado de Cáritas ha dicho que "los plazos para atención en los servicios sociales de base llegan en algunos casos a dos meses y medio y las resoluciones para ejecución de renta básica tardan cinco y seis meses".
Como venimos informando desde este portal, Caritas está financiando al Gobierno Foral adelantando el pago de la Renta Básica. El gobierno foral está semana declaraba que tiene un 0,53% de acciones de Iberdrola. Ya sabemos con quien está nuestro gobierno. ¡Lamentable! Los que más pagan esta crisis los pobres, los de siempre. También desde los colectivos que integran la coordinadora por la renta básica, Axola, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social , SOS Racismo, La Hormiga Atómica y la plataforma de Papeles y Derechos Denontzat pidieron ayer la retirada inmediata de una ley que "ni siquiera" ha contado con un proceso de participación social, que supone un "retroceso en derechos sociales y de justicia social" y que, lejos de luchar contra la exclusión social es a lo que "van a verse abocadas miles de familias". Y ofrecieron su "acercamiento" al Gobierno para conocer casos con nombres y apellidos. Renta que no se dirige a todos los hogares, sino a los que están en situación de "exclusión" no a los que llegan del desempleo: ¿Se les va a facilitar un trabajo remunerado que cubra sus necesidades y las de su familia?, se preguntan Ana Fernández, Ainhoa Murugarren, Ubaldo González, Bea Villahizan y Marisol de la Nava. Muchas familias no han podido renovar sus papeles al perder el empleo o por los propios retrasos en la renta básica. Acusaron también al Gobierno de "criminalizar la pobreza" con "argumentos perversos" e "injustificados" de fraude y efecto llamada. El propio proyecto de ley cifra en un 18% los expedientes concedidos que se denegarían, unos 2.315. Ana Fernández, de Axola, explicó que en 26 años de experiencia como trabajadora social se había topado con semejante "retroceso y jamás imaginé que sería el PSN responsable".