Primera mentira, el proyecto tal cual está dice: Artículo 3/ Requisitos de acceso a la prestación/ 1.b) Residir legalmente en territorio español.
Hay otros requisitos, pero éste elimina el derecho a la Renta de Inclusión Social a todas las personas que se encuentran en situación irregular, a las personas extranjeras, y además condena a quienes no puedan renovar sus permisos de residencia.
Sigue empleando la expresión sostenible y justo aquí el tema cambia, no es una mentira sino una diferencia de criterio: ¿es más justo y sostenible gastar 675 millones en el tramo del TAV entre Pamplona y Castejón y ahorrarse con esta nueva ley 9 millones anuales entre los diferentes recortes a personas nativas y extranjeras? Es sin duda mucho más justo y sostenible gastar en situación de crisis en las personas más desprotegidas. El Estado, la comunidad y el municipio son, o deberían ser sin duda uno de sus objetivos, proteger a los más desprotegidos.
Vuelve la demagogia del fraude, por favor documente el fraude si lo hay, podemos pensar que vienen de fuera y aguantan 12 meses empadronados trabajando dios sabe cómo y esperando cinco meses más para cobrar. Esta expresión "tenemos que atender a los navarros y evitar efectos llamadas" solo tiene un nombre, racismo institucional, que alimenta el racismo.
Javier Urroz