sábado, 24 de diciembre de 2011

Una renta de Inclusión que excluye

Uno lee con indignación afirmaciones de personas al frente de cargos públicos, sabedoras de que sus cargos les dan cierta credibilidad ante la ciudadanía. Dice Elena Torres, consejera de Política Social del Gobierno de Navarra: "El proyecto de Ley foral de Renta de Inclusión Social no nace para dejar a nadie fuera sino para dar una respuesta a la situación actual, tener un sistema sostenible y justo y para evitar el fraude".

Primera mentira, el proyecto tal cual está dice: Artículo 3/ Requisitos de acceso a la prestación/ 1.b) Residir legalmente en territorio español.

Hay otros requisitos, pero éste elimina el derecho a la Renta de Inclusión Social a todas las personas que se encuentran en situación irregular, a las personas extranjeras, y además condena a quienes no puedan renovar sus permisos de residencia.

Sigue empleando la expresión sostenible y justo aquí el tema cambia, no es una mentira sino una diferencia de criterio: ¿es más justo y sostenible gastar 675 millones en el tramo del TAV entre Pamplona y Castejón y ahorrarse con esta nueva ley 9 millones anuales entre los diferentes recortes a personas nativas y extranjeras? Es sin duda mucho más justo y sostenible gastar en situación de crisis en las personas más desprotegidas. El Estado, la comunidad y el municipio son, o deberían ser sin duda uno de sus objetivos, proteger a los más desprotegidos.

Vuelve la demagogia del fraude, por favor documente el fraude si lo hay, podemos pensar que vienen de fuera y aguantan 12 meses empadronados trabajando dios sabe cómo y esperando cinco meses más para cobrar. Esta expresión "tenemos que atender a los navarros y evitar efectos llamadas" solo tiene un nombre, racismo institucional, que alimenta el racismo.
Javier Urroz