Un reciente informe del Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración Social, vinculado a la UPNA, advertía de que el número de hogares en los que todos sus miembros están parados se ha multiplicado por tres en cuatro años, unas 11.600 familias frente a las 3.500 de 2007. Otro informe de La Caixa sobre inclusión social incidía en que la miseria acecha a los menores. Según este estudio, hay 1,7 millones de niños y niñas que viven en situación de pobreza. Esto es, uno de cada cuatro menores vive en un hogar pobre -uno de cada dos, si los padres son inmigrantes, la tasa más alta de la Europa de los 15-. En Navarra, los datos apuntan a que un 18% de los menores convive en hogares con una situación de pobreza moderada; otro 7%, en unidades familiares en situación de pobreza alta, y un 1,9%, en situación de pobreza severa. La pobreza extrema cuya extensión guarda estrecha relación con la precariedad del mercado laboral también existe en este entorno desarrollado. De hecho, el impacto de las transferencias públicas (ayudas a la familia o desempleo) en la reducción de la pobreza está entre los más bajos de la UE, un 14%, frente al 42% de media comunitaria. Casi al mismo tiempo, Cáritas avisaba de una posible fractura social en Navarra tras los recortes del Gobierno a la renta básica de protección social e insistía en que "sólo con recursos económicos no se combate la pobreza y su transmisión intergeneracional, hay que abordar a las personas y colectivos en su globalidad". Todo ello, cuando con la excusa de la crisis se está recortando la capacidad de acción y gestión de los servicios sociales públicos.
Por Joseba Santamaría