Muchas veces se denomina a la prostitución como “el oficio más viejo del mundo” y esta denominación parece, de alguna manera, justificar el que la prostitución haya existido, exista y tenga que existir en el futuro. Sin embargo, sabiendo que la prostitución es un hecho real y que las personas que están en situación de prostitución son personas reales, desde Médicos del Mundo consideramos que hay otras formas de abordar el tema, y que la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo sino una de las más antiguas formas de violencia y de desigualdad de género, basada en el rol tradicional de sumisión sexual de las mujeres y en el de la explotación de las personas más débiles por las más poderosas.
La prostitución es una situación en la que una persona, normalmente una mujer, incluso niñas, se ve obligada a prestar a otras personas, siempre hombres, determinados servicios sexuales a cambio de dinero u otras contraprestaciones. Esta situación de dependencia conlleva una clara vulneración de los derechos humanos en cuanto que es una relación que somete a usufructo temporal el cuerpo y la voluntad de la persona prostituida y provoca servidumbre.
En Médicos del Mundo trabajamos con personas en situación de prostitución y constatamos los efectos que el ejercicio de ésta tiene sobre la salud, tanto física como mental, de las personas. Estas consecuencias son las mismas que sufren las personas sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La solución a la prostitución no pasa por su reglamentación, ya que ésta no ha tenido consecuencias en la disminución de la trata de personas con fines de explotación sexual, ni en la eliminación del estigma social de las personas en situación de prostitución.
Desde Médicos del Mundo instamos a los poderes públicos a suprimir la hipocresía y la doble moral de la que hacen gala al diferenciar entre prostitución forzada y “libre”, ya que consideramos que ante la vulnerabilidad, económica, social, etc., el consentimiento no es libre ni es válido.
Médicos del Mundo aboga por el abolicionismo, que ofrece las claves del por qué existe, y por qué se mantiene la prostitución, y exige una legislación que implique la inserción laboral y social de las personas en situación de prostitución, acompañada de medidas tales como educación, sensibilización y trabajo en los países de origen de estas personas.
Las normas europeas dicen que las actividades ilegales/alegales deben contabilizarse en el PIB, pero sólo aquellas en las que todas las partes actúen de forma voluntaria, esto es, en las que las transacciones sean consentidas.
En el caso de la prostitución sabemos que, en la mayor parte de los casos, ese consentimiento y esa voluntariedad libre no existe, por lo que, en palabras del Jefe del Departamento de Cuentas Públicas del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia, “la prostitución no debe entrar en las cuentas públicas, no porque sea una actividad ilegal, sino porque no hay un acuerdo libre entre las partes”.
Según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) todos los Estados miembros de la Unión Europea deberán incorporar a los cálculos de su Renta Nacional Bruta los flujos procedentes de actividades ilegales o alegales como la prostitución, producción y tráfico de drogas o el contrabando y otras partidas como la capitalización del gasto en I+D o en armamento militar.
POR YOLANDA RODRÍGUEZ Y ALBA DEL VILLAR, VOLUNTARIAS DE MÉDICOS DEL MUNDO NAVARRA
Incluir la estimación de actividades alegales en el PIB del Estado español disminuye directamente indicadores como el ratio de déficit ([ingreso-gasto] / PIB) y nivel de deuda (deuda / PIB). De todas formas, incluir dichos valores no supone ningún tipo de ingreso tributario ni de crecimiento económico real. En este sentido, al incluir estas cifras mediocremente estimadas, los objetivos de la Comisión Europea en relación a déficit y deuda deberían recalcularse al alza invalidando aún más el efecto de esta nueva medida. Cabe recordar, que se trata de una directiva europea sobre ciertos cambios en la contabilidad del PIB, cuyo límite es para todos los países el mes de septiembre de 2014.
El producto interior bruto (PIB) mide el volumen de actividad legal en una economía, es decir, todos los bienes y servicios que pasan por el mercado dentro de un país. De ninguna manera mide el bienestar de su población y por lo tanto, no se puede considerar el PIB como un indicador de calidad de vida. Actividades como el voluntariado, el auto-cultivo o el trabajo doméstico no se contabilizan en el PIB, mientras que la venta de armas, la inversión en penitenciarias o el incremento de las fuerzas armadas afectan de manera positiva en la evolución del PIB.
Un aspecto clave es la compleja estimación de variables no formales o ilegales. Dependiendo del método, las cifras pueden variar enormemente. Normalmente se calculan mediante encuestas, ¿pero qué tratante o explotador sexual va a reconocer su actividad delictiva? De esta forma, se pueden sobrevalorar dichas magnitudes para maquillar el PIB, sobre-estimar la prostitución para mejorar el déficit. Desde el punto de vista técnico puede provocar estimaciones no ajustadas a la realidad. Según el INE, para su estimación han contactado con organizaciones que trabajan con dicho colectivo y con clubes de alterne. A finales del año pasado se pusieron en contacto con Médicos del Mundo con el fin de conocer los efectos de la crisis en la prostitución e intentar estimar su valor. Desde Médicos del Mundo se les aportó la información pública sobre las mujeres en situación de vulnerabilidad y discriminación, siendo casi 13,000 el número de personas atendidas en el último año.
Entonces, si están de acuerdo con la inclusión de variables alegales en la estimación del PIB nacional para mejorar las comparativas internacionales; ¿cuál es el criterio de selección de dichas variables si todas son igual de complejas de calcular? ¿Por qué no se incluyen variables de fraude fiscal, corrupción y/o evasión de capitales? Las estimaciones más moderadas sobre fraude rondan los 50.000-70.000 millones de euros en España. ¿La inclusión de dichas variables supone su legalización de facto? Si la respuesta es que no, ¿se puede comparar los PIB entre países con la actividad legalizada y en otros dónde es ilegal? ¿Los factores que determinan dicha actividad no serían diferentes?
Teniendo en cuenta que la prostitución es una situación de vulnerabilidad y discriminación hacia la mujer y que en un alto porcentaje está relacionada con el abuso y la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿estamos normalizando una situación de vulneración de derechos humanos con el fin de "mejorar" indicadores económicos que nada tienen que ver con el bienestar de la población en general?