Los colectivos, además, han presentado cuatro quejas ante el defensor del pueblo.
Piden la supresión del decreto al seguir vigente la ley de 2010 que regula la Sanidad y que no ha sido derogada.
La Plataforma Navarra de Salud interpuso el pasado 8 de enero un recurso contencioso administrativo al Decreto Foral 117/2012, que regula la nueva atención sanitaria a inmigrantes, ya que lo consideran una
"vulneración del derecho de acceso a toda persona a la sanidad pública". El conjunto de colectivos, además, ha presentado ante el Defensor del Pueblo de Navarra cuatro quejas contra el departamento de Salud que hacen referencia al cobro de facturas tras la atención en urgencias, la discriminación que sufren en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea los inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales, la denegación del acceso al SNS-O a personas residentes en situación de irregularidad y el incumplimiento de la Ley Foral 17/2010 que garantiza el acceso a la Sanidad universal, pública y gratuita.
La demanda viene acompañada de cuatro quejas presentadas por los colectivos que conforman la plataforma ante el Defensor del Pueblo. En estas demandas denuncian, en primer lugar, la "emisión de facturas en urgencias". "Es ilegal en principio ya que tanto la ley foral como el decreto dicen que no se pueden facturar las urgencias, aunque se ha constatado que se hace", señaló Patricia Ruiz, miembro de Médicos del Mundo y portavoz de la plataforma. Con esta primera queja lo que demandan es que "Salud corrija y admita el error".
La plataforma acudió a los tribunales la semana pasada para presentar un recurso contencioso administrativo al decreto aprobado el 31 de octubre de 2012 por el que se modifica el anterior decreto foral, de 1996, en el que se establecían las condiciones y el procedimiento para el acceso a las prestaciones del SNS-O. Como consecuencia de este nuevo decreto, consideran que el departamento de Salud está "ignorando e incumpliendo la ley foral de 2010 mediante la que se extiende la cobertura de asistencia sanitaria del sistema sanitario público de Navarra a todos los ciudadanos residentes en cualquiera de los municipios navarros, con independencia de su situación legal o administrativa". Por tanto, al tratarse el decreto foral de rango menor que la ley, instan al Gobierno de Navarra a "anular el decreto y aplicar la ley foral".
La consejera de Sanidad, Marta Vera, desmintió la semana pasada que se produjera este cobro, una actitud política que consiste en "negar lo que hace", señaló David Mendoza, miembro de LAB y trabajador del SNS-O. Mendoza, además, denunció que "no tiene tarifados los procedimientos médicos" y que el departamento "ha modificado los servicios informáticos con programas que obligan al cobro e impiden evitarlo".
El segundo de los alegatos gira en torno a la "grave discriminación que sufren a la hora de acceder al SNS-O las personas inmigrantes en situación administrativa irregular que tienen antecedentes penales". "Supone una medida xenófoba y discriminatoria", ya que permite acceder a la Sanidad solo a una parte de los inmigrantes y a una parte de los ciudadanos con antecedentes penales, según indicó Ruiz, "a pesar de que la Ley General de Sanidad y el Reglamento Penitenciario reconocen el derecho de los presos a recibir atención".
Aunque en un primer momento se permite la atención de urgencia a los inmigrantes en situación irregular, en el SNS-O se está produciendo una "denegación del acceso a la sanidad". "Aunque Salud dice que se atiende a todo el mundo hay papeles que demuestran que quienes no tienen tarjeta no se les atiende", añadió la portavoz.
Por último, la cuarta de las quejas hace referencia al "incumplimiento de la Ley Foral 17/2010", ya que "la ley sigue vigente, no ha sido derogada, y es de mayor rango que el decreto foral", relató.
