Las plataformas SOS Racismo y Papeles Denontzat y la Coordinadora de Inmigrantes, llevaron ayer al Parlamento los resultados del informe sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) (ideados para facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular), en el que se denuncia la situación de "vulneración de derechos humanos que se registran diariamente en sus instalaciones".
Mediante el informe se pretende que las instituciones, "a través de los mecanismos a su alcance, se comprometan a garantizar el respeto a los derechos fundamentales, mientras se articulan mecanismos para lograr su cierre definitivo". "Nuestro objetivo es el cierre definitivo de estos centros cuya finalidad no es otra que generar miedo en el colectivo inmigrante, pero mientras se procede al cierre exigimos que se respeten todos los derechos recogidos en la declaración universal", afirmó Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, antes de entrar al Parlamento para presentar las conclusiones y conseguir en última instancia un posicionamiento público de la Cámara rechazando estos centros de internamiento.
El informe define a los CIE como "la continuación de la guerra contra la inmigración (no contra el delito ni el terrorismo), y comportan la extensión del modelo carcelario más allá de los límites del sistema penitenciario". Asimismo señala que "la indefinición legal da lugar a la excepcionalidad arbitraria y permite la detención, hasta un año y medio, de personas que no han cometido delitos tipificados penalmente, generando una grave inseguridad jurídica y notable indefensión de los migrantes retenidos. Su existencia comporta en sí misma una anomalía, solo posible desde la invisibilidad".
Villahizán, que acudió a la Cámara foral junto a Javier Urroz, de Papeles Denontzat, y Marcelo Argañaráz, de la Coordinadora de Inmigrantes, dijo que el informe es una respuesta a las "denuncias reiteradas de los inmigrantes" y ante el inmovilismo de las instituciones. Los representantes de las plataformas sociales dijeron que en Navarra a 1 de enero de 2011 había 5.666 personas en riesgo de ver vulnerados sus derechos fundamentales, según informe de la Oficina de Atención a la Inmigración de Gobierno de Navarra. También destacaron que el CIE de Aluche (Madrid) centraliza casi la totalidad de las expulsiones de los ciudadanos residentes en Navarra.